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Acuerdo de Escazú: fujimoristas y sector minero se oponen a pacto para proteger a defensores ambientales. Por Alvaro Meneses

Acuerdo de Escazú: fujimoristas y sector minero se oponen a pacto para proteger a defensores ambientales
Imagen: Wayka

Desde diferentes flancos, como el Congreso y el sector empresarial minero, se ha montado una campaña en contra del Acuerdo de Escazú, el primer tratado regional que busca proteger a los defensores del ambiente y garantizar su derecho al acceso a la información pública en materia ambiental.

Entre otros objetivos importantes el acuerdo también procura la participación pública de los defensores y defensoras ambientales en los procesos previos a la aprobación de proyectos de extracción de recursos naturales y su acceso a la justicia en caso de afectaciones por contaminación.

El 5 de agosto del año pasado se ingresó el Proyecto de Resolución Legislativa N° 04645/2019-PE a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la República. Esto con el fin de que el Estado peruano ratifique el Acuerdo de Escazú, pactado en la ciudad costarricense de Escazú el 4 de marzo de 2018.

Fuente: Amnistía Internacional.

Sector minero en contra

Recién el pasado lunes 6 de julio, casi un año después de espera, la Comisión de Relaciones Exteriores puso en agenda el proyecto de ley que busca ratificar el acuerdo. De inmediato, el sector empresarial envió cartas al Congreso argumentando su oposición al Acuerdo de Escazú.

Desde la Asociación Multisectorial Interdisciplinaria del Perú (AMIP), que agrupa y representa a empresarios mineros, rechazan el Acuerdo de Escazú “por vulnerar el desarrollo productivo de los pueblos y comunidades que involucran a cientos de miles de pobladores pobres”.

En esa misma línea, la Sociedad Nacional de Minería también envió su pronunciamiento en donde alerta supuestas transgresiones constitucionales y sostiene que el acuerdo “no toma en cuenta el desempeño formal peruano, regulado, fiscalizado y controlado (…) y que tampoco repara en la real problemática ambiental del país, la que guarda directa relación con los nefastos efectos de la actividad informal e ilegal”.

Frente a los pronunciamientos en contra de los empresarios mineros, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), aclara que “es necesario exigir que las inversiones en proyectos de desarrollo cumplan con los mayores estándares de transparencia, acceso a la información y participación ciudadana, con el fin de que los proyectos beneficien a la población y eviten casos de corrupción”.

Como se recuerda, según cálculos de la Contraloría General de la República, la corrupción le cuesta al país cerca de S/17 mil millones al año. Además, según datos de la Defensoría del Pueblo, solo hasta febrero de este año se registraron 188 conflictos sociales, muchos de los cuales se desataron por falta de transparencia sobre los estudios de impacto ambiental de los proyectos o participación ciudadana en los procesos de consulta previa.

Fujimorismo en contra

Hasta el momento, el proyecto de ley que propone la ratificación del Acuerdo de Escazú no ha sido debatido en la Comisión de Relaciones Exteriores, presidida por el congresista fujimorista Gilmer Trujillo. Desde julio del año pasado la propuesta legislativa ha quedado a la espera de ser revisada en dicha comisión y debatida posteriormente en el Pleno del Congreso.

En ese sentido, una de las fujimoristas más antiguas del partido, la actual congresista Martha Chávez, ha expresado su rechazo al acuerdo. “Es parte de la estrategia impulsada por grandes intereses económicos para destruir el concepto de Estado-Nación, desconocer la soberanía de los países y de sus pueblos sobre sus territorios y los recursos naturales que ellos contienen”, dijo Martha Chávez en su cuenta de Twitter.

En un mismo tono, la excongresista fujimorista Luz Salgado sostuvo que ratificar el acuerdo “es entregar la patria y darle inmunidad a todos los funcionarios extranjeros que vengan al país. Quitan inmunidad a congresistas peruanos y se las darían a cualquier persona del cogollo internacional”.

Capturas de Twitter.

Sobre dicha afirmación, la organización Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) precisa que el propio Acuerdo de Escazú reconoce en su artículo 3 los principios de soberanía nacional sobre los recursos naturales e igualdad soberana de los Estados y que ningún artículo del acuerdo hace mención a pérdida o entrega del territorio nacional.

Además, según fuentes del Congreso, la asesora del congresista Gilmer Trujillo, la exparlamentaria Milagros Salazar, tendría la intención de dejar en el archivo la propuesta legislativa que busca la ratificación del acuerdo.

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