Tomado de: Ojo Público

Las cláusulas controversiales del contrato Camisea y los actores de su posible renegociación. Por Elizabeth Salazar Vega

3 Octubre, 2021

Los contratos del yacimiento gasífero de Camisea ya fueron sometidos a tres grandes renegociaciones desde su suscripción, en el gobierno de Alejandro Toledo y en el de Ollanta Humala. Expertos consultados por OjoPúblico señalan que hay algunas cláusulas en los contratos que podrían ser actualizadas en un nuevo acuerdo, como el precio base que se fijó para vender el gas a las centrales térmicas y el valor de exportación en el Lote 56. Con ello el Estado obtendría más ingresos, pero no una reducción de precios para el consumidor final porque esto depende de la masificación del gas natural. Esto tampoco se conseguirá redistribuyendo las utilidades del consorcio, como lo sugirió la Presidencia del Consejo de Ministros.

Son dos los contratos que rigen las condiciones de explotación del principal yacimiento de gas natural del Perú: Camisea, ubicado en el distrito de Megantoni, en La Convención, Cusco. El primero de ellos fue suscrito el año 2000 y corresponde al Lote 88, donde se produce el recurso para consumo interno; el segundo se firmó en 2004 respecto al Lote 56, cuyo destino actual es la exportación. Desde entonces, ambos documentos han sido objeto de tres grandes renegociaciones a pedido del Estado o para favorecer a la empresa privada.

Las normas que se emitieron para formalizar los contratos y sus adendas dan cuentan de la concentración de grupos económicos en torno a la explotación y distribución del gas, así como las condiciones desventajosas en las que se impulsó el proyecto y los cambios que se realizaron para reducir la reserva destinada al mercado local. Esto último se logró subsanar durante la gestión del presidente Ollanta Humala. 

La renegociación del contrato de Camisea fue una de sus promesas de campaña, pero también fue incluido en los discursos de los candidatos presidenciales de 2016, como Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Alfredo Barnechea, de Acción Popular. Incluso en las recientes elecciones presidenciales el líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, hizo el mismo ofrecimiento. A diferencia de ellos, el partido oficialista Perú Libre incluyó en su plan de gobierno la “estatización o nacionalización de los principales yacimientos” gasíferos y mineros.

Expertos consultados para este reportaje señalan que aún se mantienen cláusulas contractuales que se podrían replantear, desde el ámbito técnico y económico. Sin embargo, si bien estos cambios pueden generar un incremento en los recursos que puede captar el Estado, no se reflejarán en un menor costo del gas para el consumidor final. Tampoco están relacionados a la distribución de utilidades que perciben las empresas, como lo señaló el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, al iniciar el debate por el gas.

Guido Bellido

PCM. El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, luego de entregar el oficio donde solicita una renegociación al contrato de Camisea. Foto: Andina.
 

Consorcios integrados por las mismas empresas

El primer contrato para la explotación del gas de Camisea se firmó el año 2000 en el periodo de transición de Valentín Paniagua, luego de un proceso de licitación que se inició en el régimen de Alberto Fujimori. El ganador del Lote 88 fue el Consorcio Camisea, formado por Pluspetrol (Países Bajos), Hunt Oil (EE.UU.), SK (Corea del Sur) y Tecpetrol (Argentina), poco después se sumaron Sonatrach, de Argelia; y Repsol, de España. 

Ese mismo año el Gobierno adjudicó la concesión del servicio de transporte de líquidos y gas natural, desde la selva del Cusco hasta Lima, por un periodo de 33 años. Las bases del concurso no impidieron que las mismas compañías postulen, por lo que el consorcio ganador  fue Transportadora de Gas del Perú (TGP), liderado por Tecgas –entonces del grupo argentino Techint–, pero integrado por cuatro de las empresas que controlan la explotación del yacimiento: Pluspetrol, Hunt Oil y SK y Sonatrach, además de Graña y Montero.

El acuerdo incluyó el uso en exclusividad por 10 años de los ductos que se iban a construir para trasladar el combustible a la costa. Una oferta nada atractiva para las empresas interesadas en presentarse a la licitación pública internacional del Lote 56, pues en la práctica los obligaba a construir otro gasoducto para comercializar su producción. 

El gobierno de Alejandro Toledo Manrique resolvió este obstáculo oficializando el monopolio del recurso. A través del Decreto Supremo 003-2004-EM, el 25 de agosto del 2004 se aprobó una negociación directa para que la explotación del mencionado lote sea asumido por el Consorcio Camisea. De esta manera, el mismo grupo de empresas se adjudicó la explotación del yacimiento y también el transporte del combustible, pero algunas de ellas se constituyeron en otra razón social para asumir, también, la compra y exportación del gas.

Esto fue posible tras la aprobación de la Ley de Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de Gas Natural, su reglamento y otras normas emitidas en dicho gobierno. Con este marco legal, las compañías interesadas en invertir en plantas de licuefacción –un procedimiento indispensable para su posterior almacenamiento, transporte y comercialización– podían acceder a iguales incentivos y beneficios que las empresas de exploración y explotación de hidrocarburos. 

Tales condiciones permitieron que la estadounidense Hunt Oil conforme el consorcio Perú LNG, junto a SK, Repsol (luego comprada por Shell) y Marubeni Corporation, y se adjudique la Planta de Licuefacción en Pampa Melchorita, ubicada en Ica, con el fin de comercializar el gas en el exterior.

Cuando se cerraron estos tratos, el expresidente de la República Pedro Pablo Kuczynski Godard era ministro de Economía. Pero hasta un año antes, en 2003, había sido consultor de Hunt Oil, como él mismo admitió ante la comisión investigadora que conformó el Congreso sobre el gasoducto de Camisea. En 2018, el Ministerio Público reabrió una investigación penal en su contra para aclarar estos hechos.

Cláusulas controversiales

El contrato del Lote 88 sufrió diferentes variaciones en la gestión de Alejandro Toledo, pero la primera gran renegociación fue cuando su gobierno usó este mecanismo para asignar a la exportación parte de las reservas de gas destinadas al mercado interno. Las conversaciones se autorizaron en diciembre de 2005 y, en menos de un mes, en enero, se aprobó el Decreto Supremo 003-2006-EM que oficializó el cambio a favor de las empresas.

La segunda renegociación fue para que los precios del gas del Lote 88 no estén vinculados al alza del precio del petróleo residual, esto con el fin de impulsar el consumo interno. La tercera modificación ocurrió en 2014, en el gobierno de Ollanta Humala, donde se firmó una adenda al contrato para que la producción del Lote 88 vuelva a ser de uso exclusivo para el mercado nacional.

Para el exviceministro de Energía y Minas, Pedro Gamio Aita, hay otros aspectos que quedaron por subsanar en los contratos iniciales. Uno de ellos es la tarifa base que se fijó en boca de pozo en el Lote 88, es decir, la valoración al momento de extraer el hidrocarburo del yacimiento. En la cláusula octava se estableció que el uso para las empresas de generación eléctrica tenga un costo de 1 dólar por millón de Unidades Térmicas Británicas (BTU, por sus siglas en inglés), a diferencia del gas destinado a uso vehicular y doméstico, que es casi el doble. 

Contrato

EMPRESAS. Los dos principales yacimientos de Camisea fueron concesionados los años 200 y 2004 al mismo grupo de empresas.
Documentos: Ministerio de Energía y Minas

El precio base se reajusta mensualmente, pero en la misma proporción. Según el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), actualmente la tarifa para el sector eléctrico es de USD 1,83 y para los otros usos es de USD 3,18. “Las centrales térmicas que operan en Chilca pagan un precio menor por el combustible. Esto se hizo al principio porque se buscó asegurar e impulsar la demanda. Recordemos que las conexiones domiciliarias y el uso vehicular tardaron en posicionarse, pero en el contexto actual se pueden revisar estas tarifas”, señala Gamio Aita. 

Pero un aspecto más importante que corregir, según el experto, es el precio de referencia que se fijó en la cláusula 8 del contrato por el Lote 56 para determinar el valor final del gas licuado que se exporta. En una publicación del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), del 2018, el experto en hidrocarburos y expresidente de Petroperú, Humberto Campodónico, explica que estas tarifas se definieron en contra de los estándares internacionales que prevén hacerlo tras descontar los costos verdaderamente incurridos en transporte y distribución hasta Japón, México o cualquiera sea el punto de destino. 

Producto de ello, pese a que las regalías fijadas por el Estado para la exportación es de hasta el 38 %, el monto que obtiene de estas operaciones es mucho menor a las que se pagan por el gas que se consume en el mercado interno. En base a las cifras reportadas por Perupetro, Campodónico estimó que entre el 2011 y 2017 el Estado debió recibir USD 2.099 millones en regalías, pero solo obtuvo USD 1.042 millones. Perdió US$ 1.056 millones.

EL COSTO DE LAS EXPORTACIONES DEL LOTE 56 ES MUCHO MENOR A LAS QUE SE PAGAN POR EL GAS EN EL MERCADO INTERNO”.

El expresidente de Perupetro, Aurelio Ochoa Alencastre, coincide en que los principales problemas contractuales están en el Lote 56, puntualmente en el costo de exportación. “Ese es un punto fundamental a renegociar, porque el precio al cual se exporta el gas resulta inferior al que rige para el mercado interno. En el Lote 88 sí se paga un 37,2% de regalías sobre las ventas, un porcentaje alto y está bien; pero el 38% fijado en el Lote 56 no es real, es una regalía de contrabando”, dijo. 

En su gestión frente a la empresa estatal se detectó que, entre el 2010 y el 2011, Perú LNG había reexportado gas natural del Lote 56 hacia puntos de destino diferentes a los indicados en sus reportes de exportación para abaratar aún más estos costos. Es así que en el documento aparecía que el cargamento iba a México, pero terminaba en Europa y Asia. Debido a ello, el Estado demandó al Consorcio Camisea ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y se le impuso una multa de US$64 millones.

El exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, señaló que el Estado tiene el derecho de pedir una renegociación, sobre todo por un contrato que se estableció hace muchos años y en un contexto distinto, pero esto no significa expropiar ni imponer propuestas que escapan del ámbito de acción del consorcio. Sin embargo, señala que el costo de las exportaciones debe resolverse con Perú LNG y no con el Consorcio Camisea, y a pocos años de vencer dicho contrato de venta, considera que no sería rentable.

 Camisea

GAS. Aproximadamente el 25% del gas que se produce en el Lote 88 se reinyecta o devuelve al subsuelo porque no existe suficiente demanda. Foto: Andina.

Herrera Descalzi sostiene que si el objetivo es reducir el costo del gas para el consumidor final, se debe revertir la dependencia a los balones de GLP (gas metano). Estos se procesan con parte del gas líquido que sale de Camisea, pero este tipo de insumo es más escaso, y su demanda se termina cubriendo con importaciones que están sujetas a las variaciones del dólar y el costo internacional. A ello se suma la cadena de costos para su traslado y distribución con intermediarios.

“Uno de los errores más graves del contrato fue corregido en el gobierno de Ollanta Humala. Hay aspectos que pueden ser perfectibles en el contrato, pero estos no se reflejarán en una reducción del costo para el consumidor final porque esto depende de la masificación de las conexiones de gas natural y la reducción del consumo de GLP. Tenemos que pensar, también, en buscar nuevos yacimientos, si queremos seguir contando con este recurso para las próximas décadas”, añadió.

Al respecto, Ochoa Alencastre sostiene que algunas mejoras se pueden resolver a través de resoluciones de Osinergmin para, por ejemplo, fijar un menor costo de importación del gas licuado del petróleo (GLP). “Desde enero se está aplicando el precio de paridad de importación, a pesar de que el 80 % del GLP que se consume en el Perú proviene de Camisea, pero en lo que montos fijados para el 20% restante pagamos como si lo importásemos desde Estados Unidos”, explicó.

Pero los tres expertos coincidieron en que la redistribución de utilidades de las empresas, planteada por Bellido Ugarte, no guarda relación con el objetivo de reducir el precio del gas para las familias. Según explicaron, si bien algunas de las reformas que se necesitan hacer en el contrato del Lote 56 generarán una mayor recaudación para el Estado, es importante debatir el uso de este dinero en los gobiernos regionales y locales. “Es justo supervisar qué han hecho las regiones con 24 mil millones de soles en 16 años. Hay que priorizar el desarrollo humano antes que el cemento”, añadió Gamio Aita.

Los actores de la renegociación

Luego que el titular del Consejo de Ministros, Guido Bellido Ugarte, anunció en un tuit la renegociación de los contratos de gas, el Consorcio Camisea emitió un comunicado donde asegura que hay suficientes reservas en el Lote 88 para abastecer a más de 20 millones de hogares, pero deben reinyectar al subsuelo cerca del 25% porque no existe suficiente demanda. También indicaron las regalías e impuestos que pagan, pero no mencionaron los cuestionamientos que se ciñen sobre las tarifas en el Lote 56.

El gobierno no ha dado mayor información sobre su propuesta de renegociación ni cambio en las regalías o utilidades. Una eventual expropiación implica que el Estado tome el control de las acciones o los lotes gasíferos, previo pago de un justiprecio o indemnización al consorcio que, según la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, podría costar unos USD 30.000 millones. Además, poner en funcionamiento los yacimientos necesita de una ley aprobada por el Congreso, como ordena la Constitución. OjoPúblico solicitó una entrevista con un vocero del Ministerio de Energía y Minas, pero hasta el cierre de edición no hubo respuesta.

El pasado 27 de setiembre Bellido Ugarte envió el oficio D000423-2021-PCM a la empresa Pluspetrol, con un encabezado en el que se invita a esta empresa a una reunión el próximo miércoles 6 de octubre para iniciar al proceso de renegociación de los contratos. La persona jurídica con la que el Estado mantiene vínculos contractuales es el Consorcio Camisea, integrado por seis empresas, una de las cuales es la multinacional Pluspetrol Corporation S.A. que posee el 27,2% de acciones.

PLUSPETROL, CUYA MATRIZ ESTÁ EN LOS PAÍSES BAJOS, HA SIDO DENUNCIADA POR CONTAMINACIÓN EN LA AMAZONÍA”.

Su compañía matriz es Pluspetrol Resources Corporation B.V, una offshore que se ubica en los Países Bajos y tiene como accionistas a otras tres empresas con sede en Luxemburgo, según un reporte del Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO). Su subsidiaria ingresó al Perú en 1986, y a través de la razón social Pluspetrol Norte dirigió por varios años operaciones petroleras en los lotes 192 y 8, en Loreto, es una de las empresas que más infracciones ambientales tiene y que más derrames de hidrocarburos registró entre marzo del 2020 y julio de 2021.

Pluspetrol Norte se retiró de la zona en medio de graves denuncias por contaminar territorios de la Amazonía, como en la comunidad indígena de Nuevo Andoas, y tras litigios con las autoridades ambientales peruanas. Además, en abril pasado el punto de contacto holandés de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) admitió la denuncia de cuatro federaciones indígenas de Loreto para investigarla por contaminación y el uso de un sistema offshore en paraísos fiscales.

Pluspetrol

DERRAMES. Pluspetrol es una de las empresas que más infracciones ambientales por sus operaciones petroleras en la selva. Foto: OjoPúblico / Elizabeth Salazar

Los negocios de Pluspetrol Corporation se centran ahora en el gas, y está a un paso de aumentar su poder accionarial en Camisea, pues el tercer socio mayoritario del consorcio, el grupo surcoreano SK Innovation, le vendió el 17,6% de participación en los lotes 56 y 88. La transacción se realizó en setiembre del 2019, pero hasta mayo de este año se mantenía bajo observación en el Ministerio de Energía y Minas.

Específicamente el caso estaba bajo estudio en la estatal Perupetro, la empresa que se encarga de promocionar, negociar y supervisar los contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. El objeto de análisis era determinar si Pluspetrol tenía la capacidad técnica y financiera para adquirir dicha participación, pero la demora hizo que SK Innovation evalúe el inicio de un arbitraje. De oficializarse esta operación, la multinacional con sede en los Países Bajos tendría el 44,8% de acciones en Camisea. 

Los otros socios del consorcio son Hunt Oil, compañía con sede en Texas, Estados Unidos, y que posee el 25,2% de acciones; seguido de la argentina Tecpetrol (10%), subsidiaria del Grupo Techint y con inversiones en proyectos energéticos y de hidrocarburos en América Latina; la multinacional española Repsol (10%) y la argelina Sonatrach (10%).

LA SURCOREANA SK INNOVATION, LE VENDIÓ A PLUSPETROL EL 17,6% DE SU PARTICIPACIÓN EN LOS LOTES 56 Y 88 DE CAMISEA”.

Los representantes de estas empresas son los que se sentarán en una mesa liderada por Perupetro, según la Ley Orgánica de Hidrocarburos. Si bien la entidad está adscrita al Ministerio de Energía y Minas, su titular, Iván Merino Aguirre, no tiene injerencia en estas negociaciones. La trayectoria de Merino no incluye experiencia previa en el sector minero e hidrocarburos, pero sí cercanía con el partido Perú Libre. Su esposa, la economista Celeste Rosas, fue integrante del equipo técnico de Pedro Castillo.

Este sábado 2 de octubre se oficializó en el diario El Peruano la conformación de una comisión multisectorial que actuará en paralelo y dependerá de la Presidencia del Consejo de Ministros. Entre sus funciones está elaborar un informe final que contenga propuestas de ampliación de las reservas de gas, el desarrollo de la infraestructura en las regiones de Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, y mecanismos que permitan garantizar la masificación del recurso.

La labor de la comisión tendrá una vigencia de 60 días hábiles. Lo integrarán el titular de la PCM, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino; el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Francke, y los titulares de las carteras de Comercio Exterior y Turismo, Justicia, Relaciones Exteriores, así como el viceministro de Hidrocarburos y el presidente de Perupetro, entidad que asumirá la secretaría general.

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