Fuente: El Comercio

La cuestión no es la confianza, por Fernando Tuesta Soldevilla

“Cualquier gobierno está sujeto al control político, lo que está bien, pero cuenta con pocos instrumentos para frenar o equilibrar los excesos, lo que está mal”.

"Con la propuesta del Parlamento no se resolverá al problema –el Tribunal Constitucional debe declarar inconstitucional la norma–, pues su objetivo es únicamente frenar a este Gobierno". (Foto: Congreso)
«Con la propuesta del Parlamento no se resolverá al problema –el Tribunal Constitucional debe declarar inconstitucional la norma–, pues su objetivo es únicamente frenar a este Gobierno». (Foto: Congreso)
Fernando Tuesta Soldevilla

Fernando Tuesta Soldevilla

Profesor de Ciencia Política de la PUCPLima, 19 de octubre de 2021Actualizado el 19/10/2021 05:33 a.m.

El Congreso está a punto de aprobar por insistencia la modificación a la figura de la cuestión de confianza, a través de una nueva interpretación auténtica, con lo que se recortaría la posibilidad de que el presidente de la República pueda contar con este mecanismo de defensa frente al Parlamento, en un esquema ya fallido de equilibrio de poderes.PUBLICIDAD

El Gobierno ha respondido planteando que la cuestión de confianza debe verse conjuntamente con el tema de la vacancia presidencial. Ni la una ni la otra resuelven el problema de nuestro diseño institucional, que nos tiene entrampados desde hace más de un quinquenio. Por lo demás, ambos mecanismos no son comparables ni –menos– deben ser intercambiables.

Nuestro sistema es de un presidencialismo parlamentarizado o híbrido; es decir, que, siendo presidencialista, cuenta con un conjunto de mecanismos de los sistemas parlamentarios, como ningún otro país en el mundo, lo que da como resultado un edificio institucional malformado y lleno de peligrosas grietas que se manifiestan, de manera más clara y evidente, cuando en el Parlamento se aglutina una mayoría opositora que lleva a un enfrentamiento entre los poderes del Estado, produciendo crisis y la quiebra del sistema democrático.

En este cuadro, cualquier gobierno está sujeto al control político, lo que está bien, pero cuenta con pocos instrumentos para frenar o equilibrar los excesos, lo que está mal. Si el Parlamento puede citar, interpelar y censurar ministros o al Gabinete completo, así como aprobar leyes por insistencia tan solo con una mayoría absoluta de los votos y, además, el último año no puede ser disuelto, pero sí censurar todos los Gabinetes que se propongan, el Gobierno solo cuenta con el mecanismo de la cuestión de confianza y la disolución del Congreso. A esto, se ha agregado la figura de la vacancia presidencial desnaturalizada, hasta tal punto de que se puede vacar a un presidente por cualquier causal en muy poco tiempo, como no ocurre en ninguna otra parte. De esta manera, en el último quinquenio, renunció Pedro Pablo Kuczynski antes de ser vacado, se disolvió el Congreso y fue vacado Martín Vizcarra. Y casi desde el inicio de este errático Gobierno, se amenaza con lo mismo al presidente Pedro Castillo. En todo este tiempo, la constante ha sido una oposición mayoritaria en el Parlamento. En nuestro país, temas como este no se discuten a fondo, bien o de manera integral. Con la propuesta del Parlamento no se resolverá al problema –el Tribunal Constitucional debe declarar inconstitucional la norma–, pues su objetivo es únicamente frenar a este Gobierno, pero sobrevendrán otros que quedarán vulnerables.

De lo que se trate es de darle cierta viabilidad a nuestro sistema político, que permita mejores relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo, manteniendo adecuados mecanismos de control político. Es así que, por un lado, se debe eliminar el voto de confianza obligatorio, manteniendo el debate sobre la política del gobierno cuando se designa a un nuevo Gabinete. Se deben mantener la censura y la cuestión de confianza voluntaria, pero solo para el Gabinete en su conjunto. El último año, no procederá la disolución del Congreso, pero tampoco la censura ministerial. De la misma manera, la insistencia de la aprobación de un proyecto de ley observado por el Ejecutivo solo debería obtenerse con dos tercios de los votos, como ocurre en Argentina, Costa Rica, Chile o México. La mayoría absoluta solo es entendible en un sistema de aprobación de dos cámaras, que no tenemos. Finalmente, se debería eliminar la vacancia por “incapacidad moral permanente”, pero ampliando las infracciones que permitan la destitución, según el artículo 117 de la Constitución. Es decir, no como ahora, cuando nuestras instituciones no canalizan el conflicto, sino que lo inflaman.

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