Fuente: CooperAcción

Publican informe de balance de acciones frente al derrame petrolero de Repsol

CooperAcción

A raíz del derrame petrolero ocurrido el día 15 de enero de 2022 sobre las costas de Ventanilla que ha afectado a buena parte de la costa norte de Lima, dos especialistas de CooperAcción han realizado un análisis y balance de las responsabilidades de la empresa Repsol y el Estado peruano.

Imagen: El país

El documento se titula “Informe de balance: responsabilidad de Repsol y desempeño de las entidades estatales en la respuesta al derrame de petróleo ocurrido el 15 de enero.” Ha sido preparado por la abogada Ana Leyva y el sociólogo Alejandro Chirinos, director de CooperAcción.

En el documento se recuerda que el derrame de petróleo, de unos 11900 barriles, ha sido catalogado de gran magnitud y sin antecedentes en su tipo por el informe de hallazgos y recomendaciones de la misión de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) de fecha 15 de febrero de 2022.

Los daños ambientales y sociales ocasionados en la zona marino costera son cuantiosos por las dimensiones que alcanzó el derrame y la expansión de la mancha de petróleo, la cual siguió creciendo durante semanas.

Entre las principales conclusiones del informe de CooperAcción, destaca que en respuesta al derrame, el Oefa y Osinergmin han dispuesto medidas administrativas y que varias de ellas no han sido cumplidas por Repsol.

Asimismo la empresa también dio información falsa sobre la magnitud del derrame que dificultó una acción pronta y oportuna. Además, su personal no estaba preparado para enfrentar la emergencia y no tenía equipo e implementos necesarios para controlarla.

Los hechos dan cuenta de un actuar irresponsable, pero también una falta de supervisión adecuada a la implementación del plan de contingencia. Lo daños ambientales y sociales no han sido identificados, inventariados y caracterizados o no se tiene resultados. Esta es una tarea de la empresa y del Estado.

También es importante recordar que en el Perú los gastos de remediación de los daños ambientales se trasladan del infractor al Estado, lo que significa que toda la sociedad los asume.

Como algunas de las recomendaciones se destaca la necesidad de una “reforma ambiental”, que pasa por fortalecer la institucionalidad del sector, centrar el enfoque en la protección del ambiente y la salud de las personas, como lo más importante.

Debe también significar la ratificación del Acuerdo de Escazú, que busca garantizar derechos ambientales de la población (información, participación y justicia ambiental), haciendo que el Estado que adopte acciones muy concretas para que se pueda dar su  real ejercicio.

De la misma forma el iniciar inmediatamente la discusión sobre la “reforma conservacionista” en el país. Siendo el Perú uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo, es urgente trabajar en un diseño robusto de las políticas de conservación frente a los extractivismos como el petrolero que colisionan no solo con los compromisos globales sino con los medios de vida de miles de personas en áreas protegidas por el estado.

El desastre ha puesto en evidencia que el Perú requiere con urgencia una reforma pesquera. Esa reforma debe comenzar por retomar la discusión sobre la restitución o implementación de un ministerio de pesca y acuicultura, y revisar la Ley General de Pesca, haciéndola más justa, inclusiva y equitativa.

Finalmente, que el estado debe implementar un sistema abierto de información pública sobre el crimen ecológico de Repsol de tal manera que permita acceso a información para la toma de mejores decisiones.

El día jueves 10 de marzo a las 8:00 PM se realizará una transmisión en vivo  vía space con los autores del documento, para profundizar en los hallazgos y recomendaciones. Esta se transmitirá desde la cuenta oficial de twitter de CooperAcción: @CooperAccionPER

Puede leer el informe completo aquí: https://bit.ly/3MAhTSx

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