Fuente: El Comercio

Editorial: El fallo del TC

Cuesta entender sobre la base de qué el Tribunal Constitucional ha revivido un indulto tan mal elaborado como el que permitió la excarcelación de Alberto Fujimori.

Ayer, el TC aceptó el hábeas corpus que deja sin efecto el fallo de la Corte Suprema que revocó el indulto a Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski. (Foto: Archivo).
Ayer, el TC aceptó el hábeas corpus que deja sin efecto el fallo de la Corte Suprema que revocó el indulto a Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski. (Foto: Archivo).

Ayer, el Tribunal Constitucional (TC) aceptó –con el voto dirimente de su titular, tras un empate a tres– el hábeas corpus que solicitaba anular el fallo judicial que revocó el indulto concedido por el ahora expresidente Pedro Pablo Kuczynski a Alberto Fujimori en diciembre del 2017. Hasta ahora, los fundamentos de la sentencia, así como los puntos de vista de los magistrados que votaron de manera discordante, no se han hecho públicos, pero ello no impide desarrollar desde ya algunas reflexiones sobre una decisión que, una vez más, ha vuelto a sumir al país en el pantano de la polarización.

Desde hace casi una década, desde este Diario nos hemos referido en reiteradas ocasiones a la figura del indulto por razones humanitarias y hemos mantenido una postura consistente. Esta es, que el indulto –que permite que un mandatario pueda anular una decisión de un poder independiente para beneficio de un individuo en particular– no debería tener cabida en sociedades democráticas, pero que, en estas últimas, tampoco se podía consentir que una persona agonice en prisión, pues la crueldad es patrimonio exclusivo de los delincuentes, no del Estado.

Sobre este orden de ideas, nuestra posición respecto de la posibilidad de que se le concediera la gracia al expresidente Fujimori ha sido que ni a él, ni a ninguna otra persona, se le debería negar un indulto por razones de compasión si es que las condiciones carcelarias ponen en riesgo su vida, pero que ello solo podría definirse a través de criterios médicos verificables, no de la arbitrariedad de un gobernante.

El problema para Alberto Fujimori, y para muchos de sus seguidores, es que el indulto que le concedió el expresidente Kuczynski y sobre el cual el TC se ha pronunciado no fue uno humanitario, sino político, y así lo advirtieron desde instituciones como la Defensoría del Pueblo y la Corte Interamericana de Derechos Humanos hasta el propio fallo de la Corte Suprema que ordenó su reingreso a prisión en octubre del 2018.

En efecto, la resolución suprema que le concedió el indulto al expresidente Fujimori, así como la cadena de hechos que antecedieron a este y el contexto en el que se dio, bastan para saber que Kuczynski tomó la decisión de excarcelarlo a cambio de salvaguardar su propia permanencia como jefe del Estado frente al primer pedido de vacancia que había sorteado apenas tres días antes gracias al apoyo de un grupo de congresistas liderados por Kenji Fujimori.

Y diversas circunstancias abonan a esta tesis. Entre ellas, por ejemplo, el hecho de que el plazo que transcurrió entre el ingreso formal de la solicitud hasta el día en el que se concedió el indulto fue de apenas 13 días –cuando otros pedidos similares suelen tardar, en el mejor de los casos, meses antes de resolverse–, las incongruencias detectadas por el juez entre las dos actas presentadas con 48 horas de diferencia por la misma junta médica que evaluó al expresidente y que constató un súbito empeoramiento en su salud en solo dos días, la recepción del informe sobre la situación oncológica de Alberto Fujimori solicitado por la Comisión de Gracias Presidenciales al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas recién el 26 de diciembre del 2017 (es decir, dos días después de que se concediera la gracia), y varias más que, por razones de espacio, no podemos detallar aquí.

Un indulto construido sobre tantas incongruencias, tan deficientemente motivado y con un innegable móvil político, como es evidente, no podía cumplir con lo que el propio TC había establecido unos años atrás, cuando señaló que, cuanto “mayor gravedad y desprecio por la dignidad humana tenga la conducta perdonada, mayor deberá ser la carga argumentativa y la importancia del derecho fundamental que se busca proteger con la gracia presidencial”, como bien recogió en su momento la Defensoría del Pueblo. Por lo que cuesta entender por qué ahora el TC ha fallado como lo hizo. Solo queda analizar la sentencia a fondo una vez que se haga pública.

Más allá de ello, queda claro que la sentencia del TC –contra el que algunos como el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, ya se han apresurado irresponsable y temerariamente a pedir su desaparición como entidad– tendrá que cumplirse y que, en unos días, el expresidente Fujimori saldrá en libertad. Esto, sin embargo, no significará que habrá sido absuelto. Durante la década que se mantuvo –autogolpe de por medio– en el poder, Alberto Fujimori delinquió continuamente y exhibió hasta el último día en el que renunció al cargo por fax un comportamiento deshonroso y cínico para la investidura que ostentaba. Y ningún indulto o fallo del TC podrán cambiar esa verdad histórica.

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