Fuente: DEMUS
Hoy miércoles 3 de agosto a las 3 de la tarde, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional (Uruguay 145, Lima), decidirá si acepta el pedido de prescripción de uno de los 14 militares procesados por crimen de lesa humanidad en la modalidad de violencia sexual durante el conflicto armado interno en las bases Manta y Vilca, en Huancavelica.
DEMUS, institución que representan a tres de las 9 mujeres denunciantes de violencia sexual, alerta sobre la amenaza de impunidad que se cierne sobre este proceso.
“La Sala Penal resolverá el pedido de prescripción de uno de los militares acusados. Si los magistrados archivan el juicio crearían un clima de impunidad y las mujeres que han esperado más de 30 años por este proceso verían nuevamente demorado su acceso a la justicia. Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, si la sala acepta la prescripción estaría considerando que las violaciones sexuales ocurridas en el marco de una política de Estado son solo delitos comunes”, señala Rossy Salazar, abogada de DEMUS.
Es necesario señalar que existen antecedentes de otros casos archivados por el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, como el caso Vilcashuamán ocurrido en 1984, también referido a violación sexual por parte de integrantes del Ejército. Fue archivado este año y la apelación espera resolución de la Corte Suprema.
“Las violaciones sexuales en el caso Manta y Vilca y otros donde había bases militares no son delitos comunes. La Sala debe tomar en cuenta el contexto para no caer en simplicidades como señalar que la violación sexual no es grave violación a los derechos humanos cuando no se ha cometido en labor de patrullaje o acciones operativas. Sería condenable que se aceptara la prescripción cuando el Perú tiene obligaciones internacionales de prevenir y combatir la violencia hacia la mujer en todas sus formas”, asegura Gloria Cano, directora de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH).
AUDIENCIA PÚBLICA MIXTA Y NO PRIVADA
En la audiencia de este miércoles 3 DE AGOSTO la Sala Penal también deberá decidir si las próximas audiencias serán públicas o reservadas.
Las víctimas han solicitado que sean públicas (mixtas) para que la población pueda escuchar, entender y solidarizarse con su esperanza de justicia, pero a casi un mes de la primera audiencia, la Sala no ha resuelto, lo que revela una alarmante lentitud. Solo tres sesiones se han realizado en casi 30 días sin que se llegue siquiera a un acuerdo sobre la dinámica de las audiencias.
“Hemos solicitado una audiencia mixta en que los testimonios de los denunciados sean públicos, como una medida de reparación a las víctimas, para que se evidencie que ellas no fueron culpables de lo que les pasó sino el Estado a través de una política generalizada y sistemática. Esperamos que la Sala Penal no decida que las audiencias sean privadas porque tampoco se podría supervisar su trabajo y si se respeta el debido proceso”, agrega la abogada Rossy Salazar.
“Detrás de esas 9 mujeres que valientemente han decidido continuar el proceso hasta que se sancione por crimen de lesa humanidad a los culpables, hay más de 4000 denuncias de violencia sexual ocurridas durante el conflicto armado registradas en el Consejo de Reparaciones. Queremos un juicio ágil, justo y transparente”, enfatiza Sayda Lucas, representante de litigio emblemático de DEMUS.
Sociología en la Red de la UNJFSC 