Fuente: La República

Pacto social, Constitución y gobernabilidad. Por: Efraín Gonzales de Olarte, profesor principal del Departamento de Economía de la PUCP.

“Se requiere de un ‘pacto de desarrollo y gobernabilidad democrática’ que deberían suscribir todos los partidos y movimientos participantes”.

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En la actual coyuntura política se ha puesto en cuestión la actual Constitución. Algunos la quieren reformar y otros cambiar. Lo cierto es que la vigente, aprobada por el régimen fujimorista en 1993 después del “autogolpe de Estado”, dio el marco al funcionamiento de la economía basada en la empresa privada y a un rol subsidiario del Estado, acorde con la corriente ideológica neoliberal de los años 90 del siglo pasado.

El así llamado modelo neoliberal generó un crecimiento inédito hasta más o menos el 2014, redujo la pobreza, pero no la desigualdad; sin embargo, no hubiera obtenido estos resultados si la coyuntura económica y financiera internacional no hubiera sido tan favorable. Por otro lado, la reducción del Estado no permitió que los recursos fiscales fueran suficientes para compensar las desigualdades y deficiencias generadas por el modelo económico.

El Perú es uno de los países con menor presión tributaria de América Latina, hoy entre 13% y 14% del PBI, y con un gasto público que llega al 20% del PBI. A todas luces insuficiente para reducir las desigualdades, la pobreza, mejorar la educación, la salud e incrementar la inversión pública, además de la limitada capacidad de gestión del Estado, demostrada durante la pandemia del COVID-19.

Está claro para una gran parte de la población que el modelo económico neoliberal más un Estado chico e ineficiente son culpables de las desigualdades y carencias.

En virtud de esta realidad, para varios sectores políticos, el medio para resolver los problemas generados por el modelo neoliberal y la pequeñez e incapacidad del Estado es cambiar o reformar la Constitución fujimorista.

La diferencia entre reformar y cambiar la Constitución es equivalente a reformar el pacto social existente o crear uno nuevo. Hay que recordar que la Constitución es el resultado de un pacto social, a través de la deliberación de las fuerzas políticas representativas de la población.

Los inclinados a la reforma de la Constitución son aquellos partidos y movimientos políticos que parten de la idea de que el modelo neoliberal puede perfeccionarse si se hacen los ajustes. Su inspiración se basa en la experiencia de otros países y en la doctrina constitucional que propone “enmiendas” periódicas, en la medida en que los problemas socioeconómicos van cambiando con el tiempo.

Los que proponen una nueva Constitución argumentan por su reemplazo, postura que es promovida por sectores de izquierda que creen que una nueva Constitución podría cambiar el modelo económico y el tamaño y el rol del Estado. De alguna manera, proponen la refundación del orden jurídico y económico. En esta corriente hay mucho de voluntarismo y, hasta cierto punto, de demagogia. Proponer un drástico cambio de la Constitución requeriría de una muy amplia mayoría para que la nueva Constitución tenga la legitimidad y pueda realmente funcionar. Situación que en el Perú no existe, dada la atomización no solo de la política, sino de la sociedad.

En los momentos actuales, en los que se juntan varias crisis: sanitaria, económica, política e institucional, la mayoría de los peruanos está esperando que el próximo gobierno comience a resolver los problemas más acuciantes: oxígeno, agua, bonos, alimentación y empleo. Una nueva Constitución no resolvería estos problemas en lo inmediato. Su cambio tomaría por lo menos dos años, mientras tanto hay que actuar con lo que se tiene y desde donde estamos.

Bajo estas circunstancias, lo urgente y sensato es que las fuerzas de la derecha, centro e izquierda se pongan de acuerdo sobre los ajustes que requiere la Constitución para llegar a un modelo económico con equidad y sostenibilidad y a un Estado igualador de desigualdades. Para ello se requiere de un “pacto de desarrollo y gobernabilidad democrática” que deberían suscribir todos los partidos y movimientos participantes de las elecciones. Creo que este es uno de los pocos caminos para salvarnos del colapso social al que nos dirigimos.

De esta manera, el próximo gobierno tendría posibilidades de manejar la salida de la profunda crisis en que estamos.

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